05/08/03 0:00
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En pleno mes de agosto, cuando los desplazamientos por las carreteras españolas alcanzan el punto máximo, entendemos que es el momento oportuno para referirnos a la seguridad-inseguridad que presenta nuestra red vial. Según un informe elaborado por expertos de la Comisión Europea, las carreteras españolas son las segundas más peligrosas del continente, después de las de Grecia.

Algo que convierte en aún más inexplicable el que nuestro Gobierno no haya llevado a la práctica las iniciales reformas previstas de la ley de tráfico, cuyo objetivo es yugular la sangría que anualmente suponen los accidentes en carretera. A finales del año 2001, España puso en marcha dos iniciativas al respecto: la citada reforma de la ley de tráfico y la creación de una subcomisión en el Congreso para estudiar medidas de alcance aún mayor.

Ha transcurrido poco más de un año y medio, y no se puede decir que se hayan obtenido frutos de importancia. En primer lugar, las medidas más signficativas (cursos de reciclaje y retirada definitiva del carnet cuando se han cometido tres faltas muy graves en el espacio de dos años) aún no se aplican. Por otra parte, el Gobierno de Aznar sigue sin aprobar el reglamento que debe desarrollar la ley; lo que resulta particularmente merecedor de censura si tenemos en cuenta que la normativa exigía al Ejecutivo hacerlo a los seis meses de la aprobación del nuevo texto, en diciembre de 2001.

No puede, pues, dejar de llamar la atención que cuando en el resto de países europeos -con Francia a la cabeza, medidas exageradas incluidas como posibilidad de penas de cárcel por exceso de velocidad- se están agilizando todos los mecanismos legales y administrativos que conduzcan a solventar parcialmente el problema, aquí el asunto continúe empantanado.