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Una de las primeras medidas del recién constituido nuevo Gobierno belga fue la de la supresión de la ley de competencia universal, que permitía a los tribunales de aquel país juzgar crímenes de guerra y delitos contra la humanidad aunque éstos se hubieran cometido en cualquier otro Estado del planeta. Esta norma permitió que Bélgica iniciara la tramitación de denuncias incluso contra el secretario de Defensa estadounidense, Donald Rumsfeld, entre otras personalidades.

Bien es cierto que las carencias legales y los sistemas jurídicos vigentes, con limitaciones más que evidentes, han dejado que muchos crímenes absolutamente execrables quedasen en la más absoluta impunidad. Precisamente por ello y, después del conflicto generado a raíz de la detención de Augusto Pinochet en Londres y de la constitución de un tribunal especial para juzgar los crímenes cometidos en la antigua Yugoslavia, la comunidad internacional dio los primeros pasos para la constitución del Tribunal Penal Internacional. Éste es el organismo que debe ser competente para juzgar los casos de crímenes contra la humanidad, pero para ello se requiere del consenso de todos los países. No es aceptable que desde Estados Unidos se quiera poner límites al mismo para evitar la comparecencia de sus ciudadanos ante el mismo.

El caso de Bélgica suponía una clara injerencia de un Estado en asuntos que poco o nada tenían que ver con el mismo, pero era un resquicio aprovechado para poder poner en evidencia a criminales que no respondían ante la Justicia en ningún lugar del mundo.

Si se consiguiera que el Tribunal Penal Internacional funcionara aplicando una legislación aceptada y asumida por todos, esto supondría un enorme paso adelante que pondría fin a años de impunidad de personas que deben ser juzgadas por las acciones que cometieron.