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La decisión de la conselleria de Medi Ambient del Govern de recortar el número de hamacas en el Parque Natural de ses Salines ha vivido esta semana un nuevo episodio. Tras la aireadas protestas de los empresarios e instituciones pitiusas, el Govern decidió ofrecer a los ayuntamientos de Sant Josep y Formentera que doblaran el precio de alquiler de las hamacas para paliar así la reducción prevista. La propuesta fue rechazada de inmediato por los sectores implicados, que ya han lanzado su contraoferta: reducir hamacas en un 25% sólo los meses de mayo y septiembre y dejar la temporada alta como en años anteriores. De este modo, la pelota se encuentra ahora en el tejado del Govern balear, que tras las primeras negociaciones parece empezar a ceder en sus pretensiones iniciales. De momento, el brutal recorte anunciado en Formentera no será tal, pero aun así los empresarios no parecen cejar en su empeño y seguirán luchando hasta conseguir que esta medida afecte lo menos posible a sus empleos y desemboque en una crisis de difícil solución.

Ante esta situación, y cuando la legislación no acompaña por su ambiguedad y falta de desarrollo legal, siempre aparece la picaresca. Así, los empresarios de Formentera ya han denunciado que existen empresas vinculadas a touroperadores italianos que están montando un dispositivo de alquiler de hamacas a bajo precio ( se habla de un euro) y que puede provocar que le problema este verano para el Govern, lejos de solucionarse, se agrande. La aparición de este nuevo tipo de tumbonas de usar y tirar y de otro tipo de accesorios playeros patrocinados por marcas comerciales se presenta para el Govern como una seria amenaza, que lejos de conseguir que este verano desaparezcan las tumbonas parece que va a lograr el efecto contrario, fruto por otra parte, de su precipitación a la hora de tomar decisiones tan poco consensuadas.