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Aznar ha presentado la inclusión de Batasuna en las listas de grupos terroristas internacionales de Estados Unidos como un logro político para España después de haber prestado apoyo a Washington en sus empresas belicistas en Irak. Quizá sea un logro personal del presidente del Gobierno, pero resulta algo más dudoso que nuestro país pueda beneficiarse de una medida más simbólica que otra cosa. Porque el hecho de que los miembros de esa coalición política no puedan entrar en territorio estadounidense o no puedan tener allí cuentas bancarias poco puede contribuir en la lucha contra el terrorismo etarra.

Y ahí es precisamente donde está equid de esta cuestión. En que la lucha contra el terror de ETA debe centrarse aquí, en España, y en los países europeos que puedan prestar su valiosa ayuda, especialmente Francia. Que Washington nos muestre solidaridad y apoyo está muy bien, pero en términos de eficacia no parece demasiado importante.

Otra cosa son los conceptos. Porque si Batasuna es, en efecto, un grupo terrorista, como afirman en Norteamérica, ¿por qué no lo es en España? Y, si lo es a tenor de las últimas decisiones judiciales al respecto, ¿por qué no están detenidos y puestos a disposición del juez todos sus miembros?

Hemos de suponer que terrorista es aquél que comete cualquiera de los delitos que figuran en la Ley Antiterrorista. ¿Lo son los miembros de Batasuna, de Euskal Herritarrok o de AuB? Está claro que las respuestas debe tenerlas el Parlamento español, con todos los partidos representados en él, y no el presidente de un país extranjero que, además, no valora excesivamente las garantías procesales de quienes considera «terroristas», como los detenidos que todavía esperan en Guantánamo.