07/02/03 0:00
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Que el conjunto de Balears estaba pidiendo a gritos una protección para evitar la absoluta urbanización es algo tan evidente que no admite discusión y si algo hay opinable en este asunto es la forma, el plazo o el espíritu de esa protección. Se puede, en efecto, plantear el cómo, el cuánto y el cuándo más apropiados para acometer la necesaria limitación de la actividad urbanizadora, pero nunca se podrá discutir el fondo de la cuestión: salvar lo poco que queda a salvo, especialmente en la costa y en las zonas rústicas de la Isla, porque el crecimiento infinito en un territorio limitado es imposible e indeseable.

Ahora el Tribunal Superior de Justicia de Balears ha dado la razón tanto al Consell d'Eivissa i Formentera como al de Mallorca en sus moratorias urbanísticas después de que varios promotores interpusieran recursos ante la suspensión temporal de licencias decidida, que no se levantará hasta que se aprueben los planes territoriales, pendientes aún de discusión política.

Así las cosas, los constructores han manifestado su temor a una crisis en el sector que, a tenor por los más recientes datos del paro, no se ha producido todavía. Balears es la comunidad donde más baja el desempleo de todo el Estado, por la influencia justamente de la construcción, y eso a pesar de la presión de la inmigración, lo que demuestra que la economía regional no va tan mal como se auguraba, porque quedaban muchas licencias urbanísticas por ejecutar y porque es muy probable que las grandes perjudicadas serán las empresas foráneas, mientras que los empresarios de Balears podrán continuar con sus negocios en el ámbito de la rehabilitación de edificios, que constituyen «el futuro».