Las islas de la calma han dejado de serlo y, de golpe, se han
convertido en una de las comunidades con peores índices de
delincuencia, ante la incapacidad policial para atender el aluvión
de denuncias. El Govern balear solicita una entrevista con el
ministro de Interior para tratar de buscar soluciones consensuadas
a ese problema que sitúa a Palma y Manacor como las ciudades donde
más ha crecido la inseguridad ciudadana en los últimos tiempos.
Muchos, ya se sabe, querrán achacar la situación a la inmigración
creciente, pero está claro que no todos los criminales vienen de
fuera.
Más bien habrá que pensar en la posición de Balears como líder
del turismo nacional para encontrar la razón de la rápida
progresión de la delincuencia. Aquí vienen millones de turistas
cada año y todos ellos se presentan ante los ojos del delincuente
como víctimas potenciales. Y, de rebote, el resto de la población
local sufre también las consecuencias.
Conocido el motivo, hay que plantearse enseguida los remedios.
Se da la paradoja de que ha bajado en los últimos tiempos el número
de efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional
destinados a las Islas a pesar del aumento de población, lo que ha
forzado a incrementar la seguridad privada que, en según qué casos,
no puede actuar. Luego está el otro problema, el de la justicia,
que a todas luces no responde con la celeridad y la eficacia que la
ciudadanía exige. Detenciones de delincuentes hay muchas, a diario,
pero luego no cristalizan en encarcelaciones que significarían la
tranquilidad de la población. Hoy las víctimas de pequeños delitos
"robos, «tirones», atracos..." tienen la triste sensación de que la
ley no responde con suficiente rigor ante su indefensión y para que
eso no ocurra deben buscarse soluciones eficaces.
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