La temporada turística está a la vuelta de la esquina y las playas
de las Pitiüses llegan en un estado ruinoso, después del devastador
temporal de noviembre el vivido la última semana. Ha pasado todo el
invierno y ha llegado el momento de remangarse las camisas y
ponerse manos a la obra.
La Dirección General del Ministerio de Medio Ambiente ha
anunciado que este año sí autorizará la reposición de arena para
aquellas calas en peores condiciones, pero la controversia llega
cuando los concesionarios del espacio público creen que la cantidad
de sedimento es escasa y el número de lugares llamativamente
pequeño y cuando, como siempre, los grupos ecologistas se
manifiestan contrarios a cualquier acción no natural en un entorno
que consideran demasiado castigado por el peso de la afluencia
turística. Por lo que se puede ver, el panorama es todo menos
sencillo. Se haga lo que se haga, siempre habrá quien quede
insatisfecho: si se pone arena en tan solo los lugares señalados
por Costas y en las cantidades ya establecidas habrá que malestar
entre los empresarios radicados en las calas marginadas; si se pone
en todas aquellas para las que se reclama, los ecologistas se harán
oír y calificarán las actuaciones de «atentados».
Está claro que la Administración ha optado por una decisión
salomónica y esta parece razonable puesto que no se puede negar que
sus técnicos han estado sobre el terreno de la situación en la que
se encuentra el litoral, pero queda todavía sin resolver una
cuestión sobre la que se vuelve año tras año: cómo tiene que
preservarse la costa de forma que no haya que afrontar el problema
como si fuera nuevo. El temporal de noviembre desnudó las playas de
las Pitiüses, pero, por encima de todo, sacó a la luz de que, pese
a los años, no hay todavía un plan racional y definitivo para que
las respuestas a estos problemas sean autonómicas y justas.
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