Las noticias sobre cómo quedará el sistema sanitario tras la cesión de competencias a la Comunitat Autònoma han producido una honda preocupación entre los ciudadanos de las Islas en general y de Eivissa en particular. No en vano se trata de uno de los pilares fundamentales del estado de bienestar y una demanda social absolutamente irrenunciable. Las cifras no dejan lugar a dudas: Balears ha sido una de las comunidades peor paradas en el empeño del Gobierno de traspasar el servicio más exigente y complicado de gestionar, un hecho, visto lo visto, difícil de justificar e imposible de rebatir. Lo grave del asunto es que en un análisis de las cifras es precisamente Eivissa la queda en la cola de la cesión. Los parámetros manejados por los propios responsables médicos nos situarán en un nivel casi inaceptable y que tendrá que ser revisado más pronto o más tarde. Cuando la cesión sea efectiva, Eivissa, en una estimación con cifras del propio Insalud, dispondría de poco más de 74.000 pesetas por habitante y año, que, comparados con las 108.000 del mismo año en la media balear, nos relega a la parte trasera de la lista de los peor tratados. La situación se agrava, además, cuando vemos que también está claramente postergada en los proyectos de infraestructuras programados, probablemente el más funesto indicador de lo que si nada cambia nos espera un futuro plagado de carencias. Si ya en general se han obviado cuestiones tan evidentes como el previsible crecimiento de población y la masiva afluencia turística a la que dar también cobertura sanitaria, algo en lo que también estamos a la cabeza, la situación se torna dramática. La sanidad puede quedar en pocos años obsoleta y desbordada y eso es, por supuesto, inaceptable. Es cierto que el Govern poco más ha podido hacer que sumarse al revuelo montado por todas las autonomías que aún no habían recibido las transferencias, pero, desde luego, algo hay que hacer.