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Rara vez en este país se ponen de acuerdo los grupos políticos que detentan el poder y los que ejercen la oposición, aunque lo que esté en juego sean intereses generales de la ciudadanía. Acaba de ocurrir en el Parlament y ha sido para prorrogar durante cinco años más la moratoria de construcción de grandes superficies, que caducaba en enero próximo. Una decisión que fue, además, acogida con aplausos por parte de sus señorías. Algo que pone de manifiesto que, algunas veces, los políticos también saben ponerse de acuerdo y salvar sus diferencias ideológicas para defender los intereses de los ciudadanos.

Porque hoy en día nadie duda de que en las Islas estamos suficientemente servidos en cuanto a grandes superficies comerciales se refiere y, también, de la necesidad de proteger de alguna forma al pequeño comercio tradicional, incapaz de competir con las grandes firmas multinacionales.

Sin embargo, como apuntó ayer el vicepresident Sampol después de felicitarse por el consenso logrado, a partir de ahora les tocará a los pequeños comerciantes adaptarse a las necesidades de los consumidores actuales, que demandan más tiempo de apertura "los sábados, por ejemplo, y algunos festivos autorizados", y nuevos modos de atender a la clientela.

Pues en una sociedad como la nuestra todo un sector no puede pretender sobrevivir a base de conseguir una protección institucional que le libere de la competencia de los más fuertes.

Quedan, pese a todo, algunas asignaturas pendientes para el sector, pues la Ley de Comercio que regulaba sus derechos y obligaciones, aprobada en el Parlament balear, fue posteriormente recurrida por el Gobierno de José María Aznar ante el Tribunal Constitucional y ahí se encuentra todavía.