Los atuneros están bajo sospecha. La evidencia de que se utilizan avionetas para localizar los bancos de pesca y su explotación extensiva ha sacado de sus casillas, y con toda la razón, a los pescadores de las Pitiüses, y muy especialmente a los de Formentera, en cuyos caladeros cercanos se ceban las redes de los arrastreros. El Gobierno ha dado, por fin, muestras de actividad. Hasta el momento, las manifestaciones realizadas por el Ministerio de Agricultura sobre las dificultades de constatar que efectivamente se estaban utilizando detectores para localizar los bancos de pesca hacían temer lo peor. Por el contrario, se ha procedido a la inmovilización de aeronaves, un golpe inesperado que puede dar un vuelco a la situación. Por fin, porque a veces da la impresión de que la Administración, con todo su volumen y su enorme capacidad de medios, es incapaz de decidirse a poner en juego todo su poder, algo que en anteriores ocasiones ha hecho que se enquisten los problemas y acaben multiplicándose. No hay más que recordar que en el año 92 ya se prometió, precisamente desde el Ministerio, que un helicóptero vigilaría y velaría por el cumplimiento de las normas de pesca en vigor. Lejos de cumplirse el compromiso, la Administración ha mantenido un operativo sencillo, casi nominal, incapaz de acabar con algunos de los abusos denunciados por las cofradías pitiusas los últimos años. Resulta evidente que la atención de las autoridades de pesca están en caladeros bien diferentes a los nuestros. Los problemas con el Reino de Marruecos y la actividad de las flotas del Atlántico hacen que nuestros asuntos parezcan pequeños, lo que no puede justificar, en absoluto, que no se dé a estas aguas la importancia que merece. Las inmovilizaciones demuestra, afortunadamente, que esto no es así. Al menos, las cosas parece que empiezan a cambiar.