Después de recibir toda clase de críticas tras la aprobación de
la ley de extranjería, el Gobierno del Partido Popular parece
querer dar marcha atrás o bien congraciarse con esa parte de la
población que le reclama más humanitarismo a la hora de abordar el
problema de la inmigración.
Por eso se ha sacado de la manga una medida improvisada que,
aunque favorece a muchos de los afectados, no supone más que un
parche a una legislación llena de lagunas. Ahora obtendrán los
papeles todos los extranjeros que puedan demostrar que estaban en
nuestro país antes del 23 de enero, fecha en que la normativa entró
en vigor. Se trata de un «apaño» que legalizará a muchísimos
inmigrantes, pero que de nada servirá para aclarar la situación en
la que quedan otros miles llegados después de ese día y los que
seguirán llamando a nuestras puertas.
En Balears se ha producido un hecho paradigmático de lo que está
ocurriendo y es que se han sentado en la misma mesa representantes
del Govern, de los empresarios y de los sindicatos para reclamar la
legalización de miles de extranjeros que ya viven y trabajan aquí y
que se van integrando con normalidad. Lo lograrán, gracias a la
medida del Gobierno de Madrid, pero nada se dice de los demás, los
que llegaron después y que, igualmente, tienen un empleo. Sin
embargo, no hay que olvidar lo que puede ocurrir cuando se acaben
las ofertas de empleo. Mientras tanto, Balears puede absorber un
importante flujo de inmigrantes pero no de forma ilimitada. No
intentar regular la situación será perjudicial para todos.
Al Gobierno de Madrid le quedan pocas opciones. La avalancha es
imparable y no hay manera de ponerle puertas al campo. Un asunto
como éste, con tantas facetas distintas "económica, humanitaria,
social, cultural" tiene difícil solución. Europa presiona para que
no les dejemos entrar, pero ellos siguen llegando en busca de una
oportunidad.
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