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El Govern ha cambiado la normativa para intentar así controlar un poco más estrictamente que el acceso de los niños a los colegios se lleve a cabo sin fraudes ni trampas, algo que viene ocurriendo de forma secular en estas Islas. El fondo de la cuestión está en que los padres desean la mejor educación para sus hijos y están dispuestos a ciertas componendas con tal de procurarse una plaza en el colegio deseado. Y el proceso se da especialmente en los colegios privados concertados, con más incidencia en los que han logrado fama por su calidad educativa o de servicios. En esta cuestión topamos además con algunos elementos menos «idílicos», como puede ser el intento de algunos padres por evitar que sus hijos compartan aula con niños de condiciones sociales o económicas más bajas.

El caso es que la Conselleria d'Educació otorga una serie de puntos que permiten al niño tener acceso a determinado colegio y los puntos se conceden por muy pocos conceptos. Uno de ellos, el más importante, es la cercanía del domicilio o del trabajo de los padres. Por ello, una de las trampas habituales ha sido empadronar al niño en barrios alejados de su casa. Y otra ha sido demostrar con la declaración de la renta un nivel bajo de ingresos, cosa que ahora deberá hacerse con un certificado de la Agencia Tributaria para evitar confusiones o engaños.

Parece una buena medida, en principio, para acabar con prácticas fraudulentas, aunque el problema de fondo seguirá existiendo: hay colegios que nadie quiere y otros con mucha más demanda de la que pueden admitir. Lo que se precisa es una reforma de la enseñanza que garantice en todos y cada uno de los colegios una calidad educativa fuera de toda duda, sin discriminaciones ni elitismos.