23/03/01 0:00
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Resulta lógica la preocupación que ha mostrado el sindicato UGT por los cambios programados en el mundo laboral por el Gobierno de José María Aznar. El temor a que la modificación de la legislación aumente la precarización del empleo es el eje central de las reticencias con las que las centrales sindicales han afrontado las modificaciones programadas por la Moncloa. El mercado laboral español mantiene, sin embargo, un nivel de condicionamiento histórico que necesita ser revisado en sus vicios. El Gobierno, de momento, parece no querer acometer lo que sería uno de los puntos claves del funcionamiento del Estado, el funcionariado, pero avanza modificaciones destinadas, en principio, a romper tendencias en la tipología contractual que se han revelado más como lastres para la economía en conjunto que como fundamentos de la calidad de vida de los trabajadores. El tema laboral merece un acuerdo genérico difícil de alcanzar debido a las luchas partidistas, pero que resulta imprescindible para que deje de apuntalarse por fases, como parece que ha ocurrido hasta ahora.

España tiene que enfrentarse a los retos de la globalización de la economía haciendo uso de todas sus fuerzas, y no con éstas enfrentadas, que es lo que ha pasado a lo largo de los últimos años y lo que está pasando ante la siguiente reforma. Es algo que los sindicatos todavía no se han atrevido a admitir en voz alta puesto que erosiona su denuncia de que en demasiadas ocasiones los empresarios han hecho abuso de su situación de privilegio para condicionar las vidas de aquellos que están a su cargo. Con una centuria por medio, continúa la lucha de clases en vez del establecimiento de un frente común, quizás, hoy por hoy, más de ciencia ficción que el propio futuro de la economía.