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El creciente fenómeno de la inmigración hacia nuestras Islas ha creado una situación nueva en nuestra sociedad, que nunca antes se había producido. A nadie se le escapa que era preciso regular las cosas y ya se ha hecho, aunque muchos dudan de la idoneidad de la ley de extranjería que ha promovido el Gobierno del Partido Popular. Por eso el Govern balear emprende dos iniciativas: una "secundada ahora por el Partido Socialista a nivel nacional", llevar la legislación hasta el Tribunal Constitucional por entender que vulnera algunos de los derechos fundamentales de los inmigrantes; y otra, encargar un estudio para conocer mejor la realidad de esas personas que hoy son conciudadanos nuestros.

Sobre la primera decisión caben toda clase de argumentos. Para algunos, la ley está bien como está si consigue regularizar la estancia de los extranjeros y limitar la acción de las mafias que trafican con seres humanos. Para otros, la ley trata a los inmigrantes como a mulas de carga, a quienes se utiliza para hacer los trabajos duros y mal pagados y se les niegan derechos tan básicos como el de reunión, huelga o sindicación.

Sobre lo otro, todo el mundo debe estar de acuerdo. Es una iniciativa loable, entre otras cosas, para que la opinión pública y también los políticos y autoridades comiencen a valorar los perfiles de los inmigrantes. Sabemos que dos de cada tres son aún ilegales, pero el estudio nos dice muchas más cosas, sobre todo que son seres humanos, como nosotros, que buscan una prosperidad que sus países les niegan y que sueñan con asentarse en nuestro país con sus familias, trabajar y labrarse un futuro. O sea, que son en todo exactamente iguales que los españoles, aunque muchos se empeñen en ver sólo que sus tonos de piel van del blanco al negro, pasando por toda clase de matices.