El president del Govern balear, Francesc Antich, y el ministro
de Medio Ambiente, Jaume Matas, alcanzaron ayer un acuerdo que pone
fin al enfrentamiento motivado por los problemas de los recursos
hídricos en la Comunitat Autònoma. Finalmente parece haberse
impuesto el sentido común y el Gobierno central acepta adelantar
inversiones para mejorar las infraestructuras precisas, mientras
que el Ejecutivo autónomo contempla la posibilidad de que se
construyan dos nuevas desaladoras, eso sí, siempre y cuando sea
absolutamente preciso.
El asunto del agua, por desgracia, ha sufrido a lo largo de los
últimos meses una excesiva politización, lo que ha repercutido, sin
lugar a dudas, negativamente en los ciudadanos, que lo que precisan
de los responsables políticos es que resuelvan los problemas, no
que los generen.
Y, desde Madrid, se ha pretendido, utilizando como argumento las
ayudas económicas para financiar las inversiones necesarias,
gestionar actuaciones que corresponden realmente a la Comunitat
Autònoma y, por tanto, al Govern, que es el que tiene las
competencias en esta materia.
Por fortuna, se aprecia un cambio de actitud, tras la entrevista
del president y el ministro de Medio Ambiente, que posibilitará, al
margen de los convenios que puedan suscribirse, la creación de un
protocolo de actuaciones urgentes para resolver las principales
carencias de Balears.
En este sentido, hay que contemplar con esperanza la vía abierta
al diálogo entre instituciones gobernadas por partidos políticos de
distinto signo, que se haya puesto punto final a la «guerra del
agua» y esperar que esto se traduzca en un futuro inmediato en
actuaciones concretas para paliar los efectos que padecemos a causa
de la falta de agua o de la salinización de los acuíferos.
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