El informe de la Conselleria d'Obres Públiques del Govern de les Illes en el que se apuntan fallos que pueden acabar provocando la desactivación de la moratoria urbanística supone un nuevo varapalo al equipo progresista de gobierno del Consell Insular. Se trata de algo más que de un detalle que tan sólo enturbia una iniciativa que nació con polémica y que se ha desarrollado con dificultades entre las que no ha faltado un encontronazo judicial; es la confirmación de que a pesar de que el Consell se ha conducido con aparente confianza a lo largo de todo el proceso de gestión y ejecución de la norma existen dudas más que razonables sobre la fórmula elegida, y no sólo por la ya denunciada falta de consenso (tanto político como social) en torno a ella.
Editorial
Un nuevo susto en el Consell
13/09/00 0:00
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