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El informe de la Conselleria d'Obres Públiques del Govern de les Illes en el que se apuntan fallos que pueden acabar provocando la desactivación de la moratoria urbanística supone un nuevo varapalo al equipo progresista de gobierno del Consell Insular. Se trata de algo más que de un detalle que tan sólo enturbia una iniciativa que nació con polémica y que se ha desarrollado con dificultades entre las que no ha faltado un encontronazo judicial; es la confirmación de que a pesar de que el Consell se ha conducido con aparente confianza a lo largo de todo el proceso de gestión y ejecución de la norma existen dudas más que razonables sobre la fórmula elegida, y no sólo por la ya denunciada falta de consenso (tanto político como social) en torno a ella.

Este nuevo toque de atención, sin embargo, no sorprende desde el momento en que el intento de detener el ritmo de construcción que sufren las Pitiüses se gestó de forma urgente y, como parece, sobre la base de unos informes jurídicos que dejaron pasar por alto detalles que pueden acabar siendo de una importancia vital. La moratoria urbanística, aunque más tibia de lo que temía el sector de la construcción y los propietarios de terrenos que tienen intención de construir en ellos, es el examen más importante en la aún corta trayectoria del equipo de gobierno progresista y por eso, y por la trascendencia económica de lo que se legisla, tiene tanta importancia que todo esté atado y bien atado. No se trata de que la moratoria esté sometida a un intenso ataque político, sino de que esté blindada en lo legal y parece, como apunta el informe jurídico del Govern balear, que no lo está; se trata de que cada una de las actuaciones de la principal institución política de las Pitiüses consiga hacer ver que se respeta al máximo la ley, el principal objetivo de la democracia.