El Partido Popular ha elegido como escenario el monasterio de
San Millán de la Cogolla, en La Rioja "donde se encuentran los
primeros textos escritos que se conocen en castellano y en euskera"
para lanzar a la opinión pública una declaración que ya está
empezando a generar críticas de todas clases. El estudio de la
historia «común» de España, la mejora de la calidad de la enseñanza
de las humanidades y el desarrollo del castellano son los puntos
claves del texto que ha desatado la polémica.
En sí la idea de reforzar la enseñanza de las humanidades
(historia, filosofía, lenguas clásicas...) nada tiene de
reprochable, todo lo contrario, pero el PP le ha puesto a esta
cuestión un envoltorio poco conveniente.
Primero porque cuando hablamos de reformas en el campo de la
enseñanza debería ser el Ministerio quien llevara la voz cantante,
a través de expertos y profesionales del ramo, y no el partido que
lo sustenta. Segundo, porque cualquier modificación que afecta a
los estudiantes de todo el país debería atravesar el largo camino
de la tramitación parlamentaria para que pudiera añadírsele o
quitársele fuerza en vez de utilizar la fórmula del decreto, como
pretende el Gobierno. Y tercero, porque en estas cuestiones las
comunidades autónomas tienen mucho que decir, al tener transferidas
las competencias en Educación y tener algunas de ellas su propia
historia y su propio idioma, como ocurre con Balears.
La enseñanza y la educación que demos a nuestros hijos es
seguramente lo más sagrado que tenemos, pues de ellas dependerá su
forma de pensar y de ver el mundo. El PP lo sabe y por ello ha
querido introducir visiones politizadas, centralistas y dogmáticas
en asuntos "la historia, la lengua..." que deberían ser únicamente
científicos.
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