La ciudadanía está que arde y no es para menos con la tomadura
de pelo que están llevando a cabo las compañías petroleras en las
últimas semanas. Ayer se produjo nada menos que la sexta subida del
precio de los carburantes en lo que llevamos de mes y eso, a todas
luces, es para indignarse.
El Gobierno de José María Aznar asegura que prepara un paquete
de medidas urgentes para frenar los incrementos constantes del
precio de las gasolinas. La idea será bienvenida si sirve para
algo, pero en estas circunstancias más parece que al Ejecutivo le
preocupa incumplir los compromisos con Europa, pues la última
subida de precios quedó suspendida precisamente por eso, para que
no contabilizara negativamente en el IPC del mes de mayo.
La cosa está mal. Los precios del petróleo están subiendo
considerablemente desde hace meses, el dólar se dispara con
respecto al euro y los empresarios del ramo operan siempre con la
divisa americana. Y, para colmo, a los baleares nos perjudica la
insularidad, que incrementa en otras dos o tres pesetas más los
precios ya carísimos de la Península, donde además disfrutan de la
incorporación de gasolineras en los hipermercados, que sirven
carburantes hasta nueve pesetas más baratos.
Pero eso no es todo. En este asunto convergen un montón de
elementos, todos ellos confabulados contra el consumidor. En el
resto de países europeos el número de gasolineras por habitantes es
mucho mayor que aquí, lo que nos resta posibilidades de elegir. Y,
además, la competitividad en el sector es pura metáfora. Hay pocas
compañías y, sospechosamente, todas tienen los mismos precios en
sus surtidores. Tanto es así que el tema de una posible violación
de la libre competencia está en los tribunales.
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