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La queja de los abogados de Eivissa por el supuesto maltrato recibido por tres magistrados y dos secretarios y la respuesta que éstos dieron a los letrados ha dejado de ser un asunto exclusivo del ámbito judicial local. El presidente del TSJ, Angel Reigosa, a quien ambas partes han enviado sus escritos con los acuerdos adoptados en sus respectivas juntas, ya ha manifestado que este asunto va a ser visto en la Sala de Gobierno. El presidente del Colegio de Abogados, Lorenzo Ros, a quien también se le remitieron los textos consensuales en su delegación ibicenca así como el realizado por la junta de jueces de Eivissa, se ha hecho asimismo eco del malestar de unos y otros. Ros, en este sentido, ha buscado una posición conciliadora.

Un solución conciliadora es precisamente lo que puede cortar de raíz una situación que ya se ve con preocupación en distintos ámbitos. Los abogados, según una primera impresión, redactaron su escrito con el espíritu de que éste sirviera para acabar con el «estado de desconsideración» que decían sentir un buen grupo de letrados. Los jueces se reunieron y analizaron el escrito de los abogados. De esta junta salió un acta que se hizo pública y que manifestaba claramente el propósito de los magistrados afectados por no quedarse cruzados de brazos después de que por unanimidad se considerara «genérica, inconcreta e indeterminada» la queja de los abogados y del mismo modo, por esta razón, se calificara de «indefensión» la situación causada para emprender acciones que se anunciaron. Los jueces, con este mismo argumento, respaldaron a los afectados para que emprendieran las iniciativas necesarias para conocer qué abogados firmaron el ya polémico documento. Los letrados, ante ello, no han dado aún ninguna respuesta pero es claro que todo puede desembocar en algo más que un cruce de quejas y una polémica, donde poco a poco se abone un terreno en el se busquen pruebas concretas de lo que dicen y hacen unos y otros. Y eso puede tener un precio.