Acaba de producirse un enfrentamiento entre Unió Mallorquina y
el Govern balear por el asunto de la construcción de viviendas
sociales, puesto que ambos defienden posturas diferentes, aunque a
ambos les asiste la razón, en parte. Ocurre que las Islas, al ritmo
de crecimiento urbanístico actual, tardarán pocos meses en quedarse
sin solares urbanos edificables. Y, aunque no ocurra así, el precio
de estos solares es tan astronómico "algunos extranjeros pueden
permitírselo", que difícilmente podrían construirse en ellos
viviendas sociales a precios asequibles.
No se trata, como ocurría antes, de proporcionar viviendas
baratas a oleadas de inmigrantes o a ciudadanos de escasos recursos
económicos. Según están las cosas ahora mismo en Balears, la
inmensa mayoría de sus habitantes se siente incapaz de acceder a
cualquiera de las viviendas «normales» que se encuentran en el
mercado, por lo elevadísimo de sus precios. Así que la construcción
de viviendas sociales o de protección oficial se ha convertido en
una necesidad.
Y para ello el Govern propone recurrir a suelo rústico,
colindante con las poblaciones, a lo que se opone UM por considerar
que esto contradice el espíritu proteccionista que debe presidir el
Gobierno autonómico de izquierdas. Y plantea opciones como
rehabilitar casas abandonadas y establecer convenios con los
ayuntamientos para que cedan suelo público. La idea es buena, pero
quizá no baste. Siempre es preferible dejar como está el suelo
rústico, aunque en caso de necesidad perentoria tampoco se perdería
gran cosa, pues son zonas de escaso valor. Otra opción válida que
nadie parece contemplar y muy lógica en un Gobierno de izquierdas
como el de Antich sería promover el alquiler a precios bajos para
facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda.
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