De fugaz podría calificarse el paso de Antoni Villalonga por la
dirección de la polémica empresa informática Bitel, de la que el
Govern balear posee el 46% de las acciones. Tras el escándalo del
presunto caso de espionaje político al Consell de Mallorca, del que
supuestamente se benefició el PP, el Govern de Francesc Antich
forzó la dimisión de Enrique Adán, entonces director de Bitel, no
por su posible responsabilidad al no haber podido garantizar el
secreto de las comunicaciones que pasaban por la empresa, sino por
una nota que no gustó al Govern.
El nombramiento hace diez días de Antoni Villalonga, a propuesta
de la consellera de Energia i Innovació Tecnològica, Misericòrdia
Ramon, se ha revelado ahora como precipitado y erróneo.
Menos mal que Antich ha sabido coger el toro por los cuernos y
ha puesto fuera de la empresa al recién estrenado director. ¿El
motivo? Al parecer Villalonga arrastraba en su isla natal, Menorca,
una fama nada favorable, figurando en su currículum como empresario
nada menos que una sanción de Hacienda por valor de treinta
millones de pesetas y otras presuntas irregularidades cuando estuvo
al frente de Selec Balear.
El Govern ha reaccionado con firmeza y con valentía, asumiendo
el precio de un nuevo desgaste político, pero cortando por lo sano
antes de que sea demasiado tarde. Sin embargo, no estaría mal que
la próxima vez cuente hasta cien antes de tomar una decisión que
puede volver a ponerle en el ojo del huracán informativo. Los
nombramientos, ya se sabe, son casi lo más delicado de la gestión
política y hay que andarse con pies de plomo antes de dar el visto
bueno a alguien que pueda traer a sus espaldas problemas difíciles
de clarificar después.
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