La respuesta de la Conselleria d'Interior sobre las garantías de seguridad que ofrece al puerto de Eivissa un dique como el propuesto por el Pacte Progressista no podía ser otra que un rotundo rechazo. No ha habido sorpresas y no podía haberlas. Hubiera sido sorprendente que después de la presión social existente en torno a este polémico proyecto ninguno de los técnicos que ha estudiado el problema hubiera esbozado una propuesta similar, que ahora, después del demoledor informe del Govern, queda más como un fruto de la fantasía que una propuesta real escogida, precisamente, por quien es responsable de decidir en nombre de todos los ciudadanos. La Autoritat Portuària de Balears, para beneficio del Consell Insular y el Ayuntamiento de Eivissa, ahora del mismo color político, está, por supuesto, satisfecha con el resultado de la consulta porque es el que coincide con la propuesta técnica inicial y no tiene intención de hacer sangre con un proceso que ha retrasado innecesariamente un proyecto necesario. Sin embargo, a los ingenieros que elaboraron la propuesta que ahora prevalece el asunto tiene que parecerles una broma surrealista, si es que no piensan, como muchos ciudadanos, que el proceso se alargó caprichosamente para evitar en periodo electoral un tema espinoso y de efectos electorales imprevisibles. De hecho, durante la campaña previa al 12 de marzo ninguno de los partidos y opciones que componen el Pacte Progressista se atrevió a mencionar qué iba a pasar con el dique, permitiendo que fuera el PP el que utilizara el tema como un arma arrojadiza. El Partido Popular señaló este punto como un ejemplo de lo que puede suponer un acuerdo entre formaciones heterogéneas cuando se trata de afrontar soluciones a los problemas de la isla. Es, tras la derrota del 12-M, el segundo gran varapalo que recibe el Pacte.