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El juicio que sentó en el banquillo de un juzgado de lo Penal de Eivissa al director del colegio de Puig den Valls y a la jefa de estudios evidenció que lo que ayer se tenía que decidir en juicio no era el difícil dilema de la educación bilingüe sino un problema más terrenal y concreto: la inadaptación de una estudiante, por los motivos que sean, y el intento de una familia de solucionar el problema por la vía más dramática, sonora y quizás equivocada. En el transcurso de la vista, la propia juez del juzgado de lo Social se vio obligada a preguntar a la progenitora las razones por las que no había agotado todas las instancias administrativas antes de recurrir a una judicial. La respuesta no fue convincente, aunque quedó patente que el problema concreto fue utilizado por un sector organizado que cuenta, incluso, con un partido político, Unión Cívica Pitiusa, cuyo ideario es la defensa del derecho a utilizar la lengua castellana sin ningún tipo de restricción.

Al mismo tiempo, los dos directores del centro educativo se vieron arropados por una amplia representación del gobierno progresista de las Pitiüses, en la que estaba la presidenta del Consell Insular, Pilar Costa, y algunos de los consellers de su equipo de gobierno. Con estas dos presencias, el pleito se convirtió en algo desproporcionado, que favorecía la interpretación de que unos trataban de defender al castellano de posibles agresiones y los otros al catalán de lo mismo, cuando no se trataba de eso. Sin embargo, queda en evidencia que el programa de enseñanza bilingüe vigente en Balears mantiene un espacio de sombra para un determinado sector social que, con razones o sin ellas, piensa que está desatendido, e incluso agredido, en un ámbito muy personal. Es un grupo muy concreto que sigue pensando que sus demandas no son oídas. Este es el origen de la discordia.