En vísperas de unas elecciones los partidos políticos se
reservan informaciones valiosas para lanzar a la opinión pública de
cara a llenar las urnas con votos a su favor. Nada tiene de
extraño. Lo que sí tiene mucho de extraño es el asunto que se
destapó ayer desde Eivissa en referencia a los vuelos interislas.
La presidenta del Consell Insular pitiuso, Pilar Costa, atacó al
partido en el Gobierno porque, según dijo, acababa de negar la
declaración de interés público para el transporte aéreo entre las
Islas y entre éstas y la Península, tal como lo ostenta Canarias,
lo que abarataría el coste de los vuelos y además garantizaría su
continuidad.
La noticia, claro, era una bomba, puesto que demostraba un
supuesto desprecio del Gobierno central hacia los intereses de los
residentes en Balears, especialmente para ibicencos y menorquines.
Lo que ocurre es que tal noticia debía matizarse. Así lo hizo saber
horas después el propio Ministerio de Fomento "responsable de
transportes", que negó cualquier decisión en ese sentido, aclarando
además que la declaración de servicio público debe ser aprobada por
la Unión Europea.
El informe en que Costa basaba sus acusaciones contra el
Gobierno procedía del Ministerio de Industria, del que depende el
SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales),
propietario de la compañía Iberia. Es decir, era la opinión de una
parte interesada y no el dictamen del ministerio competente. Agrava
la situación el hecho de que el Consell Insular d'Eivissa i
Formentera tenía en su poder el informe desde el pasado 2 de marzo
y esperó al cierre de la campaña electoral para hacerlo público,
cuando, de ser cierto, hubiera interesado, y mucho, a todos los
ciudadanos de estas Islas, y habría tenido que ofrecerlo a la mayor
brevedad.
El asunto es de la máxima importancia y quizá no sea éste el
momento más adecuado para debatirlo en profundidad y con el rigor
exigible. Esperemos que se aclare el panorama político tras el 12-M
y retomemos el asunto con la mayor seriedad y serenidad.
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