El imparable juez Baltasar Garzón acaba de dar un nuevo paso
hacia adelante en su particular guerra contra el dictador chileno
Augusto Pinochet. La decepción que sufrió cuando el Gobierno
español optó por no recurrir la decisión británica de no extraditar
al militar por su delicado estado de salud se ha convertido ahora
en una nueva iniciativa sobre el caso. Está claro que el magistrado
de la Audiencia Nacional no va a parar hasta conseguir lo que
desea, que no es otra cosa que juzgar al genocida para demostrar
que la Justicia está por encima de intereses particulares.
Lo que ocurre es que, en el caso español, los intereses
particulares son muy fuertes y, por lo que se está viendo, el
Gobierno de Aznar ha decidido ponerse del lado de los empresarios
que tienen allí negocios y defender la buena convivencia entre
Chile y España antes que la justicia universal.
Ya lo ha dicho el ministro de Exteriores, el ibicenco Abel
Matutes, que su Gobierno quiere garantizar las buenas relaciones de
nuestro país con Chile y el Reino Unido y respetar las decisiones
del Ejecutivo británico.
Garzón, que conoce todos los resquicios que el derecho le
permite, ha amenazado con denunciar al Ministerio de Exteriores por
entorpecer su labor judicial por omisión "al no presentar
alegaciones contra Londres", en un nuevo intento por reconducir los
hechos. Lamentablemente, en este caso las alegaciones que podría
haber presentado España "defendiendo a las miles de víctimas del
general chileno" no se han producido, y sí las del Gobierno belga,
al que sin duda el caso le afecta mucho menos. Quizá hayamos dejado
pasar el tren que nos habría permitido defender la justicia en
cualquier rincón del mundo y contra los asesinos más poderosos. En
lugar de eso, hemos preferido defender los negocios. Una
lástima.
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