Lo que todos temíamos desde que ETA anunció la ruptura de la
tregua ya ha ocurrido: un nuevo crimen, condenable desde cualquier
punto de vista, que le ha costado la vida a un militar en Madrid.
Los datos de este nuevo atentado, el primero en 19 meses, carecen
de importancia. Lo definitivo es el hecho en sí: la muerte de una
persona inocente.
La barbarie terrorista ha acabado en un solo instante con las
expectativas suscitadas a lo largo de todo el tiempo que ha durado
la tregua de la banda, una banda que no parece tener otro objetivo
que matar. El Gobierno, por boca de su presidente, José María
Aznar, sigue manteniendo una actitud de firmeza.
Además hay que tener en cuenta las consecuencias que va a tener
este execrable crimen en la política vasca. Así, el Ejecutivo de
Ibarretxe ya ha anunciado que deja en suspenso el pacto de
legislatura con Euskal Herritarrok (EH) mientras no se produzca una
condena del atentado, en tanto que EH responsabilizaba de la acción
directamente a sus autores aunque sin una condena explícita.
No podemos equivocarnos en las valoraciones. Los responsables de
lo sucedido son los autores del asesinato y no otros. Pueden
haberse dado carencias y divergencias notables en el tratamiento
político dado al proceso de paz de Euskadi, pero quienes están al
margen de las reglas del juego son los miembros de ETA. Son ellos
quienes deben asumir de una vez por todas que las reivindicaciones
se deben realizar dentro de los cauces legales y de las
instituciones establecidas y no por la vía de la violencia.
Lo cierto es que, tras lo sucedido ayer en Madrid, las
esperanzas de paz se han llevado un duro golpe, un tremendo mazazo
del que nos va a costar recuperarnos.
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