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Han tenido que pasar quince largos meses para que cuatro médicos independientes dictaminaran que el dictador chileno Augusto Pinochet no está bien de salud y sería demasiado duro para él soportar un juicio en España. Y el ministro británico Straw ha decidido «perdonar» al viejo genocida y enviarlo de regreso a su país para que allí pueda vivir y morir tranquilo. Y eso sin siquiera molestarse en hacer público el informe médico que justifica su decisión.

La noticia estalló la noche del martes como una bomba y golpeó en las conciencias de miles de personas de todo el mundo, pero especialmente a los familiares de las víctimas de su terrible dictadura. Amnistía Internacional ha resumido a la perfección el sentimiento que la actuación británica ha provocado: «Han convertido la Justicia en una burla».

Pero la cosa no queda ahí. Si bien Straw ha querido lavarse las manos abriendo un período de siete días para que las partes en litigio presenten sus alegaciones, el Gobierno español ya ha anunciado que no lo hará porque, en realidad, Londres le ha hecho un enorme favor al eliminar de un plumazo el incómodo asunto Pinochet.

Es de prever, pues, que el ahora senador vitalicio regrese a casa en unos pocos días y allí resulta más que dudoso que los jueces tomen alguna iniciativa al respecto. Lo más probable es que el responsable de la muerte atroz y las torturas de miles de personas inocentes goce de un retiro de oro rodeado por los suyos en completa paz.

Si de algo, al menos, han servido estos quince meses de encierro londinense será para que el dictador conozca de cerca cómo funciona una democracia, qué son las garantías procesales y cómo trata un país libre a sus presos. Al menos a los de alta jerarquía.