El conjunto arquitectónico que junto a la Catedral da sentido a la silueta más conocida de Eivissa continúa afrontando dificultades y viendo retrasados todos los plazos previstos para conseguir el objetivo de una completa rehabilitación. La paralización provocada por nuevos hallazgos arqueológicos se suma a los inconvenientes naturales de un plan complejo y a la farragosidad habitual de los proyectos públicos, siempre condicionados por una legislación que para garantizar agilidad y garantía se acaba convirtiendo en un fuerte inconveniente. Ayer, el presidente del Govern balear, Francesc Antich, anunció para alivio de los dirigentes del Consell Insular que no habrá obstáculos jurídicos que pongan peligro su aportación a un proyecto que ha tardado décadas en ponerse en marcha. El anterior equipo de gobierno del Consell consiguió implicar a las cuatro administraciones públicas (Estado, Autonomía, Consell y Ayuntamiento) tras años de gestiones, consciente de que o todos se hacían responsables de la recuperación del conjunto o éste acabaría completamente derrumbado. Era la única forma de obtener el presupuesto necesario para conseguir un objetivo que en las Pitiüses nadie pone en cuestión. Sin embargo, el necesario retraso obliga a garantizar unos acuerdos tomados cuando las instituciones tenían un diferente color político. No es tiempo de que nadie dé pasos atrás, desde el momento en que un objetivo como este no puede tener ideologías ni permitirse el lujo de convertirse en objeto de especulaciones. Por supuesto que hay modos muy diferentes de llevar a cabo un plan como éste, pero éstos sólo deben referirse a las formas, no al fondo de la cuestión: convertir el conjunto del Castillo de Dalt Vila en un enclave que consolide el patrimonio histórico de la isla y fomente la recuperación del entorno en el que se encuentra.