La lucha por impedir el campo de golf en Cala d'Hort tiene, en estos momentos, todos los números para convertirse en un culebrón televisivo del género judicial. Calas del Mediterráneo, promotora del proyecto, presentó ayer en el Ayuntamiento de Sant Josep el recurso con el que pretenden continuar la ejecución del proyecto para el que consiguió la licencia de obras. Lo hacía poco después de que el Govern solventara los defectos jurídicos surgidos de la prisa con la que tomó la decisión para impedir el golf. Las dos partes se rearman para iniciar un proceso en el que ambas se juegan casi todo: la propiedad no perder el tiempo y dinero invertidos y Consell y Govern el cumplimiento de una promesa electoral básica en su programa. Sin embargo, da la impresión de que se está olvidando algún punto especialmente importante, como el hecho de que el detonante de todo este lío es el hecho de que estas dos instituciones públicas están presuponiendo una ilegalidad, pese a todo no demostrada, tomando decisiones que pueden acabar resultando muy caras para los ciudadanos o que la democracia es el dominio de la ley sobre las voluntades, sean éstas más o menos. Que no estamos ante un proceso normal queda demostrado por el hecho de que se ha generado un clima de opinión tan denso que se está impidiendo un análisis realista de la situación. Debido al silencio de los promotores, durante años se estuvieron difundiendo mensajes monocromos en torno a esta polémica, viciando la panorámica del asunto en sí. Mensajes sin suficiente calado obtienen a veces una amplia resonancia y han acabado por distorsionar la realidad cuando, al final, el proceso se reduce tan sólo a dos posturas: la de quien quiere construir el golf y la quien quiere impedirlo por la singularidad del enclave. Quien gane tendrá que hacerlo con todas las de la Ley.