El poder judicial ha vuelto a instalarse en los titulares de la
prensa y no precisamente por noticias de cariz agradable. En una
misma jornada "negra para la Justicia española", la Comisión
Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial ha abierto
expedientes disciplinarios a cuatro jueces "tres en Barcelona y uno
en Marbella" por infringir las normas que deben regir la
profesión.
Quizá los vericuetos de estas resoluciones no interesen
demasiado a la ciudadanía, pero lo que sí queda de todos estos
casos es un poso de sospecha, algo que el ciudadano de a pie nunca
debería sentir respecto a la administración de justicia.
Que a una jueza "Pilar Ramírez, la decana de Marbella" se le
acuse de cometer dos faltas muy graves "infringir las normas de
incompatibilidades de los jueces y el deber de abstención en
asuntos relacionados con sus familiares" y que a tres magistrados
catalanes "entre ellos el presidente de la Audiencia de Barcelona,
Francisco Javier Béjar" deja entrever que algo en este país no
funciona como debiera.
Los jueces son, por encima de políticos, policías, médicos o lo
que sea, las personas que más seguridad deberían dar al ciudadano.
Precisamente porque cuando todo lo demás falla "la política, la
seguridad y hasta la sanidad" el único recurso que le queda a una
persona es acudir a la Justicia.
Y no se puede tolerar que en este estamento se reproduzcan una y
otra vez grietas que ponen en peligro el sistema de toda una
nación.
En estos casos que hoy destapa la prensa hay, al menos, algo de lo
que felicitarse: la rápida y ejemplarizante actuación del Consejo
General del Poder Judicial que, ante la menor duda, ha decidido
suspender de sus funciones a los jueces sospechosos hasta que se
esclarezca la situación.
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