20/07/99 0:00
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Tras un largo período de discusiones y de incertidumbre, en el que Balears ha estado en boca de todos los analistas políticos del país, al fin se ha firmado el compromiso que permitirá que, por primera vez en su historia, un gobierno de coalición de cariz progresista gobierne estas islas. Pero, aunque debemos felicitarnos de que al fin se haya alcanzado un acuerdo de gobierno, que para bien de Balears esperamos que tenga estabilidad, podemos exponer una serie de dudas que nacen, precisamente, del modo en que se ha llevado a término el pacto.

Y es que desde el principio de las conversaciones entre los partidos implicados se ha visto "o al menos eso es lo que ha percibido la ciudadanía" una verdadera guerra por obtener un cargo, cuanto más importante, mejor. Y en esta batalla han participado todos con idéntico apetito. Hasta alcanzar situaciones entre cómicas y patéticas, como ha sido el nombramiento de un socialista, Antoni Diéguez, como presidente del Parlament, pero sólo durante un breve período, porque deberá dimitir para ceder su cargo a un miembro de UM. Recordemos también que, precisamente Maria Antònia Munar dejó claro desde el principio que ella no estaba interesada en acaparar cargos para su partido y que sólo aspiraba a controlar en exclusiva el Consell de Mallorca, algo que no ha podido lograr, al tener que ceder parte del CIM al PSM.

Pero eso no es todo. Otro problema al que debe enfrentarse el pacto es la Ley de Régimen Jurídico de la Comunitat Autònoma, que impide a Francesc Antich nombrar más de diez consellers, cuando su intención es tener doce más un vicepresidente. Pero, hecha la ley, hecha la trampa. Antich nombrará dos consellers sin cartera, que después tendrá que destituir para nombrarlos nuevamente cuando la ley sea modificada. Toda una opereta.