04/07/99 0:00
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Posiblemente ha sido el plan de prejubilación a partir de los 42 años que tenía en cartera la compañía Telefónica "y que ha sido convenientemente «olvidado»" el que ha colmado el vaso de la paciencia de un ministro de Trabajo que, finalmente, ha decidido tomar cartas en el asunto. Lo de anticipar la jubilación fue un recurso nacido a finales de la década de los 70, cuando muchas empresas se resentían de la crisis, y cuyo objetivo no era otro que perseguir una cierta justicia social desde la perspectiva del trabajador, y un aligeramiento de las obligaciones económicas de la empresa en apuros. Vistas así las cosas, la opción de la prejubilación tenía un sentido y contribuía a hacer más leve un muy concreto problema social. Lo malo es que la habitual picaresca no tardó en hacer acto de presencia en esta política inicialmente correcta, hasta llegar a convertir lo que era un proceder sensato en una especie de pancista y lucrativo sistema de despido, aceptado con entusiasmo por todas las partes que de él se benefician. Sin que nadie se preocupase gran cosa de quién resultaba el gran perjudicado, el Estado, o sea, todos. Cierto que las empresas ponen su granito de arena en estos casos, pero es sólo eso, un granito de arena, ya que la Seguridad Social es quien acaba padeciendo las consecuencias. Baste decir que, en España, el coste público de las prestaciones por desempleo se ha elevado en unos 100.000 millones por año. Y así no hay cuentas que cuadren, si exceptuamos la de aquellos «prejubilados» que, después de recibir la generosa indemnización por parte de la empresa de la que procedían, acaban empleándose en otra, disfrutando de todas las ventajas a su favor. Por su parte, la empresa en cuestión "que para más inri, presenta beneficios" ve cumplido el doble objetivo de aligerar su nómina, al tiempo que dispone de la posibilidad de limpiar su plantilla de los empleados mayores, siendo éstos sustituidos por otros más jóvenes y en algunos casos tecnológicamente más aptos. Claro, así todos contentos, excepción hecha de quienes tienen a su cargo velar por las arcas públicas.