Sergio González Malabia, juez decano de Ibiza y Formentera, ha lamentado los retrasos en la emisión de informes psicológicos necesarios para adelante procedimientos judiciales y que tiene que elaborar el Instituto de Medicina Legal (IML). Algunos de estos informes datan de 2019 y 2020. El propio juez decano convocó recientemente la junta general de jueces para recoger estas quejas y elevarlas ante el Tribunal Superior de Justicia de Balears y el Consejo General del Poder Judicial.
Situación preocupante.
Que sea el propio juez decano el que plantee estas anomalías en el ámbito judicial es un síntoma muy preocupante de cuál es el estado de nuestra administración de justicia. Lo saben todos aquellos que tienen algún tipo de conflicto judicial, que se tardan años en esperar resoluciones que en muchos casos son determinantes para su vida cotidiana. Hemos conocido casos de dirigentes políticos que han estado años imputados por supuestas causas de corrupción para que luego se archivase la causa al no detectar ninguna prueba inculpatoria, pero por desgracia hay muchos ciudadanos anónimos que sufren esta misma situación. Y estos retrasos, aunque los contribuyentes se hayan acostumbrado a ellos, son una anomalía democrática.
Deterioro de la Justicia.
Sería de ilusos esperar que el actual Gobierno pueda solventar parte de los problemas que sufre la administración judicial. Todos los gobiernos que han tenido responsabilidades han sido incapaces de conseguir modernizar el ámbito judicial, pero en los últimos años hemos vivido un deterioro constante de la Justicia por cuestiones meramente partidistas y sin tener en cuenta el interés general. Poco se puede esperar de un gobierno que protege al fiscal general del Estado a pesar de las importantes acusaciones que hay en su contra. Muy poco fiable es un gobierno que amnistía a los responsables de graves delitos contra la democracia o que reduce las penas por malversación de fondos públicos por intereses políticos. Ha quedado meridianamente claro que se ha utilizado la Justicia desde una postura sectarista y así resulta imposible marcar el camino para modernizar y agilizar una administración que no responde ni de lejos las necesidades de los ciudadanos. Ibiza es el ejemplo más claro de este deterioro de la administración de justicia.
