La Conselleria balear de Asuntos Sociales resolvió el pasado año hasta 1.137 expedientes de personas con discapacidad en Ibiza, lo que supone un 150 por ciento más de solicitudes atendidas que el ejercicio anterior. Ante la demora acumulada en años anteriores aún quedan 1.500 personas que hacen cola en Ibiza para la valoración de la discapacidad, según informan desde la Conselleria de Asuntos Sociales. Se trata del 10% del total de Balears. En el caso de Formentera, hay 123 personas que se encuentran también en lista de espera.

Esfuerzos.

Desde la Conselleria balear de Asuntos Sociales señalan que se ha hecho un esfuerzo adicional para reducir la lista de espera. Y la medida más importante ha sido la contratación de más personal para los equipos de valoración con el objetivo de reforzar este servicio. Además, el departamento que dirige la consellera Catalina Cirer ha anunciado la puesta en marcha de una nueva pasarela de dependencia que permita establecer nuevos baremos de valoración de discapacidad para resolver todos los casos. Se calcula que para evaluar la discapacidad un ciudadano de Balears debe esperar una media de 18 meses.

Incompetencia.

Si hay un departamento donde la administración debería incrementar sus esfuerzos es en temas relacionados con la política social. La valoración de la discapacidad de las personas que solicitan ayudas debería ser prioritario y cuesta entender los retrasos acumulados en las anteriores legislaturas, sobre todo cuando gobernaba la izquierda en Balears, que siempre se pone de ejemplo en la buena gestión de las políticas sociales. Se agradece ahora el esfuerzo que ha hecho el departamento de Catalina Cirer para mejorar este servicio, pero que haya más de 1.500 personas en Ibiza esperando esta valoración es incomprensible e inasumible. Los ciudadanos están hartos de pagar impuestos y que los servicios públicos no estén a la altura de lo que se merecen. No es una cuestión de dinero sino de competencia y agilidad. Si no hay suficientes funcionarios se contratan más y, en último extremo, que se utilice la Inteligencia Artificial para solventar los expedientes, que se ha demostrado que es útil para desatascar la burocracia.