EditorialIbiza27/12/24 4:00
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Este periódico informaba en su edición del jueves que la interventora del Consell d’Eivissa, Marian Tur, grabó a escondidas más de 20 horas de conversaciones con el presidente de la institución, Vicent Marí, además de consellers como María Fajarnés o Salvador Llosa. Ninguno de ellos sabía que era grabado y mucho menos que las conversaciones que mantenían con la alta funcionaria de la institución insular acabasen siendo pruebas en la instrucción del caso ‘La vida islados’. El juez que ha archivado provisionalmente este caso ya ha dejado muy claro que en las conversaciones grabadas por Tur no pueden desprenderse ningún delito, pero lo llamativo es que una funcionaria de este rango pueda utilizar este tipo de métodos para buscar algún rédito personal o profesional, o incluso acabar con la carrera política de un representante elegido por los ciudadanos.

Se sentía presionada.   

No deja de llamar la atención que Marian Tur alegase en su acusación contra Marí que se sintió presionada y que incluso vivió situaciones de ansiedad y estrés. Sin embargo, las conversaciones grabadas por la propia Tur no demuestran ni mucho menos que Vicent Marí fuese el culpable de dicho estrés, que ya se inició en la última etapa del PSOE y que, por otra parte, es bastante lógico en un cargo de la responsabilidad de la interventora del Consell en determinadas circunstancias. Se supone que Tur ocupaba su cargo voluntariamente y no es preciso recordar que está muy bien remunerado. Los argumentos de Tur, que tanto daño le han hecho a Vicent Marí durante dos años, no tienen ninguna lógica.

Lealtad.   

Es preocupante que alguien que ocupa un puesto tan relevante en la principal institución de la isla de Ibiza pueda actuar con tan poca lealtad y ética. Si la interventora actuó de esta forma porque se lo pidió el PSOE para intentar acabar con la carrera política de Vicent Marí es gravísimo, pero es igual de relevante que fuese algún empresario el que maniobrase contra el presidente del Consell utilizando a la interventora de la institución. Los ciudadanos esperan siempre que los políticos actúen desde la ética y la honradez, pero los funcionarios, que también cobran dinero público, deben ser leales y no participar alegremente en este tipo de asuntos tan oscuros. El caso ‘La vida islados’ se ha cerrado provisionalmente desde el punto de vista judicial pero aún quedan muchas explicaciones por ofrecer a los ciudadanos de Ibiza. Y Marian Tur debe responder a muchas preguntas.