EditorialIbiza05/12/24 4:00
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La presidenta en Baleares de la Asociación Española de Directores de Hotel, Alicia Reina, ha anunciado que su patronal ha presentado alegaciones contra el nuevo registro obligatorio en establecimientos hoteleros que ha impuesto desde el lunes el Ministerio del Interior. El nuevo decreto de viajeros que debe aplicarse en hoteles, agencias de viajes y en rent a car tiene el rechazo unánime del sector turístico. El ministro Grande Marlaska ha desoído las protestas y obliga a recabar hasta 42 datos de los viajeros con el objetivo de captar información para localizar delincuentes.

Trabas

Los directores de hotel consideran que este nuevo registro de viajeros impuesto desde el Gobierno son «desproporcionados y poco claros». Sobre todo se cuestiona que los turistas deban informar sobre sus datos bancarios, que pueden resultar totalmente innecesarios para localizar a un delincuente. Los profesionales del sector alegan que esta normativa puede infringir las leyes europeas de protección de datos. Hay una cuestión muy preocupante de cara al futuro: el nuevo registro penaliza las reservas directas y genera duplicidades en la recopilación de datos. La burocracia penaliza al sector turístico. Otro efecto negativo, alegan los profesionales, es que España generará desconfianza en los mercados emisores al solicitar tanta información de los turistas. A nivel de imagen no parece la mejor carta de presentación solicitar hasta 42 datos personales a los visitantes.

Imposición

Más allá del debate sobre la legalidad de este decreto, no parece que la imposición sea la mejor manera de pactar una medida tan relevante como esta. Se trata de una medida controvertida y cuesta entender que los viajeros se vean obligados incluso a dar sus datos bancarios en los hoteles. Los establecimientos turísticos no pueden convertirse en delegaciones de las comisarías de policía. Y también hay que tener en cuenta que los hoteles deben mostrar una imagen amable ante los turistas y en lugar de eso han convertido los check in en auténticos interrogatorios. Por el bien del turismo esta medida debe replantearse desde el consenso. Aunque con Marlaska parece imposible que pueda haber diálogo.