La decisión del Tribunal Supremo de anular el nombramiento de Julio Cano Antón como fiscal superior de Balears traslada a las Islas la crisis institucional que azota al Ministerio Público, cuyo máximo responsable, Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, está imputado también por el Supremo por revelación de secretos. Es el tercer revés judicial a la política de nombramientos de cargos discrecionales y, en parte, la sentencia es un golpe a García Ortiz en la cara de Cano.
Antecedente.
La Fiscalía de Baleares no vive una situación similar desde el plante de fiscales que provocó la salida en 2002 de Antonio de Vicente Tutor y, desde entonces, había vivido en una situación de estabilidad bajo el largo mandato de Bartomeu Barceló. Cano salta por la falta de consulta al Consejo Fiscal sobre una posible incompatibilidad para el cargo dado que su pareja ejercía también como fiscal en las Islas. Aunque luego salió en una comisión de servicios, el Supremo exige ese examen. El Estatuto Fiscal marca un duro régimen de incompatibilidades que impide ejercer una jerarquía inmediata sobre «sus parientes, dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, o su cónyuge, o persona a quien se halle ligado de forma estable por análoga relación de afectividad». El Consejo Fiscal debe aplicarlo ahora.
Interrogantes.
La sentencia responde a un recurso planteado por el fiscal José Díaz, también candidato al puesto. Ahora queda en el aire saber cómo se manejará la situación de interinidad que genera la sentencia. El primer paso tendrá que ser la decisión del Consejo Fiscal sobre si Cano puede o no ser candidato y en ese caso podría ser elegido de nuevo. Mientras tanto, también hay que establecer quién es el jefe temporal. Lo deseable es que la crisis que solucione con rapidez y eficiencia y que la cúpula fiscal cierre la suya propia por el bien de la institución.
