EditorialIbiza13/11/24 0:30
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El Govern destinará un total de 10 millones de euros, procedentes del impuesto de turismo sostenible, para detectar y erradicar el alquiler turístico ilegal, que constituye una actividad irregular y clandestina. La decisión de utilizar fondos de la ecotasa ha sido acordada por la comisión que determina la distribución de los recursos recaudados con este impuesto, un organismo en el que participan varias consellerías del Govern, los consells insulars, organizaciones empresariales y sindicales y entidades ciudadanas como el GOB. Es una medida relevante que constituye una de las grandes novedades del programa que se llevará a cabo con las cantidades obtenidas el 2023 y 2024. Ahora corresponderá a los consells insulars, administraciones que tienen transferida la competencia para ejercer el control y la eliminación de esta oferta desleal, ampliar la plantilla de inspectores, incrementar la vigilancia con nuevos medios tecnológicos y digitales; y conseguir resultados mucho más eficaces. En este punto es preciso recordar que Ibiza llevaba tiempo insistiendo y proponiendo que los fondos de este impuesto se destinarán a combatir el alquiler de pisos a turistas.

«Una de las grandes lacras de Balears».

El conseller balear de Turismo, Jaume Bauzà, afirma que estos 10 millones constituyen la primera fase de la estrategia diseñada por su departamento para luchar de manera activa contra el alquiler turístico ilegal, que califica como «una de las grandes lacras de Baleares». La aportación se incrementará en futuras convocatorias, según destacó.

Eliminar el intrusismo de esta oferta.

Esta iniciativa forma parte de las medidas del Govern Prohens y los consells insulars para acabar con esta oferta. En enero, la Conselleria balear de Turismo puso en marcha un proyecto piloto con Booking.com para habilitar en la web de esta plataforma una clave de acceso para las administraciones competentes. Expedia se ha incorporado, pero AirBnB se resiste a participar. Precisamente, esta última plataforma suscribió un acuerdo con el Consell d’Eivissa para retirar anuncios que a todas luces son ilegales. Se trata, como reclamó el Parlament, de aumentar la vigilancia con más inspectores, aplicar sanciones ejemplarizantes y actuar con determinación para eliminar este intrusismo.