La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga todo el procedimiento de adjudicación de los servicios de playas por parte del Consell de Formentera. Dicha investigación se produce tras una denuncia formulada por el presidente del Consell, Llorenç Córdoba, y sus antiguos compañeros de Sa Unió. Es importante precisar que todas las adjudicaciones que se investigan se llevaron a cabo la pasada legislatura bajo el gobierno de Gent per Formentera y PSOE.

Interrogatorios.

Este periódico ha informado en exclusiva que agentes de la UCO han interrogado ya a varios consellers y a algunos funcionarios de la institución insular. La Guardia Civil estaría investigando las posibles modificaciones en las condiciones del pliego de los servicios de las playas que se habrían llevado a cabo una vez conocidas las valoraciones técnicas y económicas. La investigación seguirá avanzando con las declaraciones que puedan realizarse a políticos, ex políticos, funcionarios y empresarios de Formentera, que deberán responder a todas las dudas que puedan tener los miembros de la UCO.

Polémica.

Es importante recordar que la adjudicación de los servicios de las playas fue uno de los asuntos más polémicos de la pasada legislatura que incluso provocó una protesta de los empresarios ante la sede del Consell de Formentera. También es pertinente destacar que en dicha protesta participaron los integrantes de Gent per Formentera, que formaban parte del gobierno. Que un partido participe en una protesta contra el gobierno del que forma parte es realmente una situación surrealista y da motivos para sospechar. Nos encontramos pues ante un tema que puede tener un relevante recorrido judicial una vez que la Guardia Civil disponga de toda la información al respecto. Que la adjudicación de los servicios de las playas se gestionó muy mal por parte del Consell de Formentera la pasada legislatura es algo que saben todos los ciudadanos de la isla. Ahora falta por averiguar si, además de mala gestión, hubo otros condicionantes que tengan alguna implicación penal.