EditorialIbiza10/11/24 0:30
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Durante los últimos años los políticos repiten mucho la frase «dato mata a relato» que se puede aplicar perfectamente al presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón. El presidente valenciano está en el punto de mira por la tragedia de la DANA ya que este viernes trascendió que la misma tarde de la tragedia estuvo prácticamente toda la tarde comiendo con una periodista. Por eso llegó dos horas tarde a una comida de coordinación de Emergencias. Durante la comida con la periodista, Mazón no atendió llamadas y, por consiguiente, la Generalitat valenciana avisó muy tarde a la población afectada por la riada. Una actuación más eficiente del gobierno de Mazón hubiese podido evitar muchas muertes.

La consellera

Si la actuación de Mazón el día de la tragedia merece que se asuman responsabilidades políticas de forma inmediata, la posición de la consellera de Interior, Salomé Pradas, no es mucho mejor. Se ha demostrado que mintió al denunciar que la UME no había ofrecido su ayuda y ni siquiera sabía que existía la posibilidad de enviar un aviso masivo a las poblaciones afectadas por la DANA. Su incompetencia manifiesta no le deja otro camino que dimitir. Así al menos dejará de estorbar mientras los profesionales intentan que las poblaciones valencianas recuperen la normalidad lo antes posible.

Más responsabilidades

Pero con Mazón y Pradas no acaba el listado de políticos que tienen que presentar su dimisión por la mayor catástrofe vivida en España en su historia más reciente. Faltan muchas explicaciones de la vicepresidenta Teresa Ribera, el papel que jugó la Aemet el día de la catástrofe y también la información que facilitó la Confederación del Júcar-Segura sobre el cauce. Sorprende que Ribera haya estado diez días sin dar la cara en un asunto de su competencia. Es clave saber si la confederación se limitó a enviar un correo electrónico para avisar sobre el desbordamiento de los ríos. No parece una cuestión menor y debe llegarse hasta el final. Las responsabilidades políticas ni deberían discutirse, pero habrá que esperar el resultado de la investigación judicial para depurar si se ha producido algún delito penal. Las más de 200 víctimas mortales y los miles de afectados por la tragedia se merecen que se llegue hasta el final.