El Govern gana su batalla de amnistiar viviendas en rústico

Es constitucional.

Si bien al principio el propio Govern temía que el decreto de simplificación administrativa peligraba si el Gobierno presentaba un recurso ante el Constitucional, donde el gabinete de Sánchez ha demostrado que tiene todo el control, la realidad es que una de las medidas estrella, la que afecta a la legalización de viviendas en rústico, no se verá afectada. Se trata de una buena noticia porque fueron los propios ayuntamientos los que pidieron al Govern que solventase un problema que llevaba años en un cajón y que afectaba al ordenamiento urbanístico de forma trascendente.

Demagogia.

Durante los últimos meses se ha hecho mucha demagogia con la legalización de las viviendas en rústico. Hasta los partidos de la oposición saben que sólo queda el camino de legalizar los inmuebles porque no pueden ser derribados. Ayuntamientos que están gobernados por la izquierda también se sumaron a la petición de regularizar estas viviendas. Además, la medida es una clara competencia autonómica que el Gobierno central debería respetar a pesar de las diferencias políticas que pueda haber entre ambos ejecutivos. Por lo tanto, es una excelente noticia que no se plantee un recurso a esta legalización en rústico porque no sería admisible mantener durante un tiempo indefinido en un limbo jurídico a cientos de viviendas que, no conviene olvidar, deberán pagar por conseguir su legalización. La medida, más allá de la demagogia propia en política, es razonable e imprescindible. No tomar medidas hubiese sido irresponsable y muy perjudicial para los propios ayuntamientos. Y los ciudadanos están bastante hartos de que no se tomen medidas ante los graves problemas que se padecen en Balears.