EditorialIbiza 18/07/24 0:30
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El Ministerio de Hacienda comunicó esta semana a las comunidades autónomas la senda de estabilidad fiscal marcada para los próximos tres años. Esta cuestión justificó la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se vio eclipsada por el debate de la financiación autonómica, lo que generó una gran tensión. Mientras Esquerra Republicana exige al PSOE recaudar el cien por cien de los impuestos, con un modelo similar al cupo vasco o el navarro, a cambio de investir presidente de la Generalitat al socialista Salvador Illa, los consejeros del PP y alguno del Partido Socialista, como el de Extremadura, expresaron su rechazo a lo que consideran un trato preferente. Advirtieron de que no existen «motivos técnicos» para este tratamiento especial ya que supondrá quitar recursos a otras comunidades de régimen común. Al mismo tiempo, insistieron en una negociación multilateral con el resto de comunidades autónomas y no únicamente con Catalunya.

Baleares, perjudicada por este modelo

El Govern, a través del vicepresidente Antoni Costa, manifestó su «pesimismo absoluto» al afirmar que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se niega a explicar y no tiene ninguna voluntad política para reformar el sistema de financiación autonómica, caducado desde hace una década. Baleares está a la cola de las comunidades que menos recursos reciben y también de las que más aportan con un modelo implantado en 2009, que perjudica al Archipiélago.

Singularidades y demandas de Baleares

Todas las autonomías presentan sus singularidades, no solo Cataluña. En el caso de las islas Baleares, hay que tener en cuenta y cuantificar los sobrecostes de la insularidad, agravados por la regla de minimis de la Unión Europea; la población flotante, que provoca un incremento de los servicios públicos, el mayor coste de la vida y el aumento demográfico. Aplicar el principio de ordinalidad implica que reciban más quienes más aporten y tengan más necesidades, como es el caso de Baleares, que lleva años discriminada económicamente por el Gobierno de Pedro Sánchez.