El conseller de Educación de Formentera y portavoz de Sa Unió, Oscar Portas, presentó este martes ante la Fiscalía Anticorrupión una demanda contra el presidente, Llorenç Córdoba, por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y prevaricación. En concreto, Sa Unió denuncia las actuaciones llevadas a cabo por Córdoba durante la tramitación de los quioscos de playa. Anticorrupción deberá decidir ahora si admite o no trámite esta demanda.

Justificación

Portas ha explicado que, antes de presentarla, Sa Unió ha consultado con dos abogados penalistas si la denuncia tendría o no recorrido. Los letrados han indicado a la coalición que lo sucedido con las playas «son hechos muy graves que había que trasladar a la Fiscalía Anticorrupción». Portas se ha puesto en contacto con los representantes de GxF y el PSOE para informarles de la situación. Paralelamente, la Asociación de Concesionarios de Playa de Formentera ha amenazado a los consellers que integran la Junta de Gobierno, Óscar Portas, Verónica Castelló y Cristina Costa, como «responsables judiciales de cuantas acciones legales se tomen a partir de ahora en contra de esta nueva adjudicación de los quioscos».

Sigue el esperpento

Con la presentación de esta denuncia ante la Fiscalía, el culebrón de Formentera da un nuevo giro sin que se atisbe una solución política urgente al esperpento que supone la continuidad de Llorenç Córdoba como presidente del Consell de Formentera. En el caso de que la Fiscalía acepte investigar este asunto, que está por ver, lamentablemente no servirá para solucionar la inestabilidad que se vive en el gobierno insular donde todos los partidos, absolutamente todos, son responsables de lo que ocurre. Desde hace tiempo solo existe un camino para acabar con la situación actual: presentar una moción de censura para poner fin a la presidencia de Córdoba. Ya da igual el partido que gobierne. Solo queda tener una visión política desde la responsabilidad y, sobre todo, pensando en los ciudadanos, los grandes perjudicados por una crisis política que amenaza con seguir durante los tres años que restan de legislatura.