Unas más que tormentosas negociaciones entre PP y Vox han culminado con el acuerdo que posibilitará, mediante la abstención de la ultraderecha en la votación de investidura, que la líder de los conservadores de las Islas, Marga Prohens, sea la nueva presidenta del Govern. Y además sin Vox cuente con representación en el Consell de Govern. Sellar el pacto en la Comunitat Autònoma no ha sido sencillo, pero deja sin respuesta el alcance real y práctico del mismo; la materialización de las condiciones programáticas a desarrollar por ambas formaciones durante la legislatura. El centenar de puntos que delimitan el campo de acción conjunto de PP y Vox debe ser desarrollado, será entonces cuando se podrá determinar su impacto real.
Un Govern monocolor
El Partido Popuar, y de manera muy especial su presidenta, había puesto desde el primer momento como cuestión innegociable la ausencia de Vox en el reparto de consellerias. La misma condición de Jaime Martínez en el gobierno municipal de Palma. Ambos dirigentes han logrado imponer su criterio, mientras que continúa en el aire qué sucederá en el Consell de Mallorca. Lo sucedido ayer en el pleno de Cort es una prueba de las dificultades que amenazan la gestión institucional durante los próximos años, Vox quiere hacer valer sus escaños a cualquier precio; aunque ello suponga tenerse que alinear con la izquierda.
Gobernar desde el exterior
Resulta complicado discernir si el comienzo del cuatrienio político en el ámbito local y autonómica está contaminado por las inminentes elecciones generales del 23-J, unos comicios decisivos con un resultado todavía incierto para la derecha y la izquierda española. PP y Vox están obligados a entenderse si quieren tener posibilidades de ampliar su base de poder institucional, un principio en el que ambas formaciones no hallan la fórmula para ponerla en práctica sin que rechinen los goznes.
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