EditorialIbiza13/06/23 0:30
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La CEOE ya alertó, en febrero, sobre la necesidad de flexibilizar el calendario y la ejecución de los fondos Next Generation, así como la normativa europea que rige las ayudas de Estado. La principal conclusión de la Oficina de Proyectos Europeos de CEOE consistió en que si bien España se sitúa a la cabeza en la recepción de fondos transferidos por la Unión Europea, es necesario trasladar la misma velocidad en la llegada de fondos a la economía real. Cuatro meses después, varios países, entre ellos los tres que más recursos comunitarios recibirán –Italia, España y Portugal— se suman a la petición de la organización empresarial al reclamar que se amplíen los plazos para ejecutar los proyectos. El 31 de agosto de 2026 concluye el periodo fijado por Bruselas para llevar a cabo las inversiones en el marco del plan de respuesta de la UE a la crisis social y económica provocada por la pandemia de la COVID-19. La capacidad de gestión y de gasto de los Estados beneficiados están en el punto de mira de la Comisión Europea porque las partidas aprobadas, que incluyen subvenciones y créditos, destinan 190.000 millones a Italia; y 160.000 millones para España.

Flexibilizar los plazos

Estas enormes cantidades corren el riesgo de ser desaprovechadas si no se materializa su inversión en sólo seis años. El tiempo corre en contra y los gobiernos estatales ya reclaman mecanismos para la flexibilización de los plazos, lo que significa prolongar los términos, teniendo en cuenta que durante 2021 y 2022 España sólo ha ejecutado 7.600 millones.

Regla de minimis en Balears

En el caso de Balears, hay que añadir el impacto de la regla de minimis, que forma parte de las ayudas de Estado de la UE. Es una norma que limita a nuestras Islas, al no ser región ultraperiférica, la compensación de los sobrecostes del transporte marítimo. La presidencia española de la UE es una magnífica oportunidad para anular esta regla en Balears.