Hasta el mes de octubre de 2024 no se celebrará el juicio por el llamado ‘caso Multimedia', que investiga un caso de presunta corrupción en el que están involucrados varios dirigentes socialistas de las Islas. Las pesquisas sobre este asunto comenzaron el 2014 sobre unos hechos que se produjeron entre 2008 y 2011, datos que ponen de manifiesto la inoperancia del sistema judicial que mantiene en la picota desde hace casi una década a todos los implicados, con las consecuencias personales y sociales que esto supone. Además, este retraso afecta a la ciudadanía en general, pendiente de la aclaración de unos hechos que habrían provocado un daño de 400.000 euros a las arcas públicas.
Demoras permanentes
La situación en la que se encuentra el ‘caso Multimedia' puede decirse, y con razón, que no es excepcional. Cualquier trámite ante los tribunales en nuestro país lleva implícito la asunción de demoras infinitas por los motivos más diversos, pero la mayoría atribuibles a una manifiesta escasez de medios y un modelo burocratizado y garantista hasta el extremo. Una justicia lenta es injusta por propia definición, como admiten los jueces y magistrados, por eso sorprende que los gobiernos –con independencia de su perfil ideológico– dejen de priorizar la adopción de medidas que resuelvan la situación. Da la impresión de que la sociedad ha asumido que no hay soluciones para el problema.
El modelo no funciona
Resulta obvio que el modelo judicial español está colapsado. Poniendo el foco en el ‘caso Multimedia' resulta que el fallo de la Audiencia no se conocerá hasta entrado el año 2025 y si la sentencia se recurre ya es una incógnita saber cuándo se podrá dar por cerrado este tema. Mientras, insistimos, sobre todos sus encausados se mantendrá el estigma social que, por desgracia, se centra en dudar sobre su inocencia y no a la inversa.
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