El plan de ahorro y gestión energética en climatización para reducir el consumo en el marco de la invasión rusa de Ucrania, aprobado en forma de decreto por el Gobierno el 1 de agosto, llega mañana al Congreso de los Diputados. La Cámara Baja reanuda sus sesiones y el pleno debatirá la convalidación de este plan. El Ejecutivo de Pedro Sánchez está inmerso en una complicada negociación para obtener los apoyos parlamentarios –que ahora mismo no tiene garantizados– y validar el decreto. En caso contrario, decaerá.
Puerta abierta al Gobierno
Las medidas diseñadas por la ministra Teresa Ribera no convencen a los socios de investidura del Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos, porque PNV, ERC y Bildu han expresado sus discrepancias, tanto en la forma, por no haberlo negociado previamente con las comunidades autónomas, como con el fondo. El único voto garantizado procede de Compromís, pero resulta insuficiente para aprobar el decreto. Desde los escaños de la oposición, PP y Ciudadanos –que califica el texto de «chapuza» y acusa al Gobierno de actuar de manera «absolutamente soberbia»– anuncian su voto en contra. La formación liderada por Alberto Núñez Feijóo manifiesta su rechazo al plan, pero, al mismo tiempo, abre la puerta a apoyarlo si el Ejecutivo elimina lo aspectos que califica de «frivolidades» y, al mismo tiempo, incorpora las propuestas que plantea el Partido Popular.
Un amplio apoyo parlamentario
Mientras Pedro Sánchez intenta atar los apoyos necesarios para evitar que decaiga el plan, la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, declara que estas medidas «no son una ocurrencia del Gobierno», sino el resultado de las decisiones acordadas en la Unión Europea. En una cuestión que afecta al conjunto de la sociedad y la economía de España, el Gobierno ha de dialogar para obtener un amplio apoyo parlamentario que garantice la eficacia y la aplicación de un plan que no se puede demorar.
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