El informe jurídico elaborado por el Institut d'Estudis Autonòmics coordinado por Lluís Segura, que ahora se ha entregado al Parlament, pondrá a prueba la voluntad política para ampliar el techo competencial de la Comunidad. Los expertos señalan las vías por las que es posible ampliar las bases del autogobierno balear sin tener que iniciar un complejo proceso de reforma del Estatut, algo que se puede considerar inviable con el actual clima político español. La cuestión requiere, sin duda, la colaboración de la Administración central para alcanzar un clima de cogobernanza en el que se priorice la eficacia y el buen servicio a los ciudadanos.
Acercar la gestión.
Uno de los efectos de la pandemia es que ha puesto a prueba los beneficios de una gestión cercana a las necesidades de los ciudadanos, una experiencia que debería poderse extender a otros ámbitos competenciales, que, en el caso de Baleares, son esenciales. Carece de sentido que cuestiones relacionadas con el litoral y las costas, las comunicaciones aéreas y marítimas o el modelo energético, sólo por citar las más relevantes, no cuenten con ninguna aportación de las instituciones propias de las Islas. Mantener el centro de decisión en manos del Gobierno central es un lastre político que Balears debe resolver y para el que es preciso urdir complicidades entre los partidos en el poder y la oposición como con los principales agentes sociales, además de, por supuesto, Madrid.
Recuperar la reivindicación.
La cuestión no es sencilla y requiere de la existencia de un criterio unánime en la reivindicación. Para ello es imprescindible recuperar una actitud más reivindicativa frente a los poderes del Estado. Éste siempre ha sido el punto flaco de todas las iniciativas anteriores: la falta de independencia de los dirigentes regionales frente a sus organizaciones de ámbito nacional. Habrá que esperar a que se materialice este cambio de actitud y no será fácil.
