El incremento imparable en los precios de productos de primera necesidad como son la energía eléctrica y los combustibles de automoción, una escalada acelerada en las últimas semanas, ha obligado al Gobierno a tenerse que replantear una rebaja en la fiscalidad para aminorar el impacto final en los consumidores. La medida se plantea como provisional, entre otras razones debido a que supondrá una merma importante en los ingresos del Estado. La cuestión es que el efecto sobre los usuarios que se calcula alrededor del 4 por ciento; un índice que puede considerarse inapreciable en términos prácticos.
Primera necesidad.
Tanto la electricidad como los combustibles deberían tener la consideración de productos de primera necesidad, pero en la actualidad soportan un Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) del 21 por ciento. Es, urgente, por tanto, rebajar una fiscalidad tan onerosa en un segmento cuyo consumo es imprescindible y sobre el que el Estado siempre ha encontrado un modo de recaudación tributaria de acceso fácil, garantizado y silencioso. Con un mercado al alza como el actual y en unos tiempos económicos tan complicados, la intervención del Gobierno debe garantizar que la mancha de la pobreza energética no irá en aumento. La preocupación ciudadana está más que justificada.
Evitar el parche del momento.
Lo más preocupante de los anuncios del Gobierno es que su compromiso no va más allá de una intervención momentánea, dejando en el aire y a modo de amenaza el regreso al esquema actual. El problema está en la raíz de la factura que pagan los ciudadanos a las comercializadoras y que éstas abonan a las grandes corporaciones propietarias de los grandes centros de producción que gestionan las energías y sobre las que los epígrafes fiscales multiplican de manera casi exponencial el importe final. La actitud gubernamental no puede ser coyuntural, los consumidores reclaman con urgencia medidas y decisiones que garanticen unos precios asequibles y estables.
