La situación de la pandemia en Catalunya se considera un «riesgo inasumible» y es el principal argumento del gobierno catalán para justificar la nueva fecha de las elecciones autonómicas, el 30 de mayo. Los comicios, en principio, habían sido convocados para el próximo 14 de febrero. El cambio ha provocado una auténtica tormenta política, protagonizada por la oposición del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) al considerar que la decisión no estaba justificada y perjudicaba sus intereses políticos. Cabe recordar que el PSC encabezaba hasta ahora las encuestas de intención de voto para una candidatura que encabezará el actual ministro de Sanidad, Salvador Illa.
Oposición radical.
La actitud del PSC frente al aplazamiento en la celebración de los comicios autonómicos ha sido de rechazo frontal. Han resultado llamativas las argumentaciones del ministro de Justicia, Juan Carlos Campos, al denunciar la ilegalidad del cambio de fechas cuando, y por las mismas razones, también se modificaron las citas electorales en Galicia y el País Vasco sin mayor problema. El temor de los socialistas, en especial del PSOE, de perder la actual ventaja que le otorgan los sondeos electorales podría explicar la posición que se defiende desde el propio Gobierno central. Pedro Sánchez ve en esta convocatoria una oportunidad única para aprovechar la debilidad del bloque independentista y reconducir el conflicto catalán.
Recursos del PSC y Vox.
A pesar del acuerdo generalizado en el aplazamiento de las elecciones, el PSC amaga todavía con recursos técnicos a la decisión del gobierno provisional de la Generalitat, una línea en la que también se inscribe Vox. La cuestión nuclear es que con las elevadísimas tasas de contagio que se registran en Catalunya no es arriesgado tildar de temerario e irresponsable el que no se hubiera modificado la fecha. Ahora la prioridad no es otra que frenar la pandemia.
